La informalidad es un problema registrado y analizado tanto a nivel nacional como internacional. En este último ámbito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Recomendación 204 sobre la transición de la economía formal a la informal, reconoce que:

la alta incidencia de la economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como para la protección social, las condiciones de trabajo decente, el desarrollo inclusivo y el Estado de derecho, y tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos, en particular por lo que se refiere a las políticas económicas, sociales y ambientales, así como para la solidez de las instituciones y la competencia leal en los mercados nacionales e internacionales. (Organización Mundial del Trabajo, 2015, p. 1)

Al debate de este problema se suman las motivaciones que llevan a las personas para desarrollar sus actividades fuera de la economía formal, así como los posibles obstáculos para quienes, aun queriendo formalizar su actividad, no cuentan con los recursos económicos ni de tiempo para poder hacerlo. Sobre este último aspecto, el informe Índice de Burocracia en América Latina 2022 muestra resultados para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, referentes al número de horas que la pequeña empresa debe dedicar en sus respectivos países al cumplimiento de todas las obligaciones burocráticas para operar en la formalidad. En el caso de Costa Rica, según refiere el informe, estos pequeños emprendimientos destinan en promedio 297 horas al año para cumplir con las exigencias burocráticas de gestión de salarios, pago de impuestos, contribuciones sociales, administración de contratación y despido de personal, reportes laborales, así como otros trámites asociados a la operación de la empresa. 

Por lo anterior, además de la simplificación y unificación de trámites (proyecto de ventanilla única digital) o de la puesta a disposición de medios virtuales para el cumplimiento de las obligaciones burocráticas, es necesario proporcionar a la persona trabajadora independiente y a la pequeña y mediana empresa, herramientas que les faciliten encontrar y comprender, en un solo lugar y en lenguaje sencillo, los diversos procedimientos administrativos, las instituciones involucradas y el fundamento jurídico de los diferentes requerimientos burocráticos que le permitan operar en la formalidad, con los beneficios que ello podría generar a nivel personal y de su emprendimiento.

En ese sentido, el propósito de este documento es proporcionar en un mismo espacio, con lenguaje accesible y en formato tanto impreso como digital, la información relevante para la toma de decisiones referentes a los trámites y requisitos que permitan contar con todos los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de una actividad que genere ingresos en el cantón de San Ramón. Para ello, siguiendo un orden que permita cumplir con los requisitos paso a paso y considerando la vinculación de un trámite con otro, se incluye la información de los permisos, licencias, inscripciones y trámites de seis instituciones públicas vinculadas al proceso: Municipalidad de San Ramón, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense del Seguro Social, Administración Tributaria y Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

De esta forma, el documento está estructurado en ocho apartados. En los primeros siete se detalla, según la institución respectiva, los procedimientos obligatorios (en unos casos) y voluntarios (en otros) para la formalización de la actividad. En la última sección, se incluye información sobre opciones de apoyo financiero que podrían resultar útiles en caso de no contar con el dinero suficiente para la formalización y desarrollo de su negocio. 

En la medida de lo posible, el documento incluye enlaces a los sitios oficiales de distintas instituciones con el objetivo de acceder de manera ágil a información adicional. Tanto los enlaces como los precios de los trámites están contemplados al año 2024, por lo que podrían estar sujetos a variaciones futuras. Finalmente, se debe considerar que esta guía es un recurso que pretende orientar de manera general, por este motivo no todo está contemplado en ella. 

                                                                                                                                                                                                Marlenne Alfaro Alfaro